Noticias de America - Costa Rica legaliza el matrimonio igualitario

Los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, pertenecientes a la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, se encuentran varados en el País Vasco español como refugiados políticos luego de que una jueza salvadoreña anunciase una orden de arresto contra ellos por pertenecer a una “agrupación criminal”. RFI pudo hablar con Ivania Cruz, quien reitera que la jueza actúa bajo intereses políticos y no jurídicos. Para la propia Ivania Cruz, su orden de detención responde a una persecución en contra de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) de El Salvador, tras haber denunciado la violación sistemática de los derechos humanos en su país desde que el presidente Nayib Bukele decretase el estado de excepción hace ahora tres años. “Hemos liberado a muchas personas, las cuales han denunciado la tortura y la corrupción en centros penales, como Fidel Zavala, que también es parte de mi organización, y que fue recapturado el 25 de febrero”, explica Cruz. Zavala fue detenido esta segunda vez en un operativo que incluyó el allanamiento de la sede de UNIDEHC, la vivienda de la abogada Cruz, y la captura de más de 20 líderes de la comunidad La Floresta, un colectivo defendido por esta organización. “Hemos decidido pedir asilo político” Ivania Cruz y Rudy Joya se encontraban en un viaje de incidencia política sobre la situación de su país en España en el momento de la detención, y actualmente recae sobre ellos una orden de captura: “Este tipo de situación, aparte de que nosotros, como abogados, llevamos casos emblemáticos que representan la corrupción del Gobierno de Bukele, y que fuimos la primera organización en denunciar directamente a funcionarios, ministros y el director general de Centros Penales en El Salvador, nos puso en una situación obviamente de riesgo, y eso ha hecho que nos obliguen al exilio forzado en estos momentos”, detalla Cruz. “Hemos decidido pedir asilo político aquí en el País Vasco para resguardar nuestra seguridad, porque la semana pasada el tribunal que lleva nuestro caso ha pedido una difusión de alerta al Interpol, situación que legalmente no aplica, porque eso es para el crimen organizado. Pero precisamente lo que intentan es criminalizar la organización”, denuncia. Más de 500 muertes documentadas Ivania cruz denunció que, durante los tres años de estado de excepción, el Gobierno salvadoreño ha realizado 86.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 500 muertes documentadas en dependencias policiales. “En estos tres años, hay 86.000 personas capturadas. Nosotros manejamos que el 30% de estas 86.000 son capturas arbitrarias y nos basamos en que las personas nunca han estado en prisión y no tienen antecedentes penales”, estima Cruz. “De las muertes, hay organizaciones que documentan más de 500. En El Salvador, hay ocho centros penales y algunos están en fosas clandestinas, las muertes que se han dado por torturas, sobre todo. Las muertes naturales, por enfermedades crónicas y falta de asistencia médica, que también es responsabilidad del Estado, esas son las pocas que se han podido documentar”, explica. Tras la orden de arresto contra sus dos voceros, la organización UNIDEHC tomará varias medidas legales, como la presentación de un aviso penal por delitos de actos arbitrarios e incumplimiento de deberes, una demanda contra la jueza ante el departamento de Investigación Judicial de la Corte Suprema de Justicia, y la presentación del caso a nivel internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Guatemala ya no figura al lado de Cuba, Venezuela y Nicaragua en la lista negra de países donde se cometen violaciones graves de los derechos humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su informe 2024, publicado hace unos días, la CIDH sacó a ese país del denominado capitulo IV B. La decisión fue tomada luego de que el presidente Arévalo aceptara la visita a su país de una comisión de la CIDH, si bien el organismo sigue monitoreando a ese país. En la lista negra de la CIDH figuran países como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hasta hace poco, también Guatemala. Pero este país centroamericano ha salido de la lista negra de los países donde se observan violaciones graves de los derechos humanos, según el Informe anual 2024 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicado recientemente. Capítulo IV B Guatemala ha salido del capítulo IV.B, apartado que alerta de amenazas sistemáticas a los derechos humanos. Tania Reneaum, secretaria ejecutiva de la CIDH, explica las razones de esta decisión: “Es porque el país, ya en la cabeza del presidente Arévalo, aceptó una visita in loco de la comisión para ver la situación general de los derechos humanos y resulta que es de la mayor relevancia y prioridad del presidente Arévalo, que la Comisión Interamericana le pudiéramos entregar a su gobierno un balance de situación”. Pero sigue la necesidad de un monitoreo Pero la CIDH sigue monitoreando a Guatemala, en particular por el Ministerio público, ente abiertamente opositor al presidente Arévalo. Tania Reneaum: “Cuando estuvimos en Guatemala el año pasado, en marzo del año pasado (2024), nosotros ya emitimos unas observaciones preliminares que fueron muy contundentes respecto al uso del derecho penal por parte del Ministerio Público de Guatemala, criminalizando a opositores y hoy vemos otra vez la criminalización cuando se acaban de llevar presos al viceministro y al ministro de Guatemala, ambos de procedencia indígena. Esa es la razón por la cual Guatemala está fuera del capítulo IV B, pero de ninguna manera fuera del radar de monitoreo constante de la Comisión Interamericana.” La secretaria ejecutiva de la CIDH explica por qué considera justificada la decisión de poner a Guatemala en el capítulo IV B: “Cuando en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió poner a Guatemala en el capítulo cuatro B, lo decidió hacer por los abusos que el Ministerio público estaba haciendo y continúa haciendo respecto a la criminalización de personas defensoras y criminalización de personas opositoras al gobierno del entonces presidente Giammattei.Esta decisión que le costó a la Comisión señalamientos directos de parte del presidente Giammattei, fue una decisión que el tiempo ha dado la razón de lo oportuno que había sido poner a Guatemala en el capítulo IV B, que es el capítulo de especial preocupación para la Comisión Interamericana.”

Antes de convertirse en el papa León XIV y cuando oficiaba como obispo en Perú, Robert Prevost fue acusado de encubrimiento de agresiones sexuales cometidos por sacerdotes bajo su jurisdicción en el caso de abusos del Sodalicio de Vida Cristiana. Sin embargo, investigaciones independientes y periodistas han afirmado que dichas alegaciones contra Prevost fueron "absolutamente falsas" y surgieron como parte de una campaña de desprestigio impulsada por el propio Sodalicio. Entre quienes defienden la labor de Prevost se encuentra José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes del escándalo. El cónclave en Roma hizo saltar las acusaciones en Lima: se decía que Prevost había encubierto a los curas detrás del grupo religioso Sodalicio, cuya plana mayor es acusada de pederastia y violación sistemática de los derechos humanos contra sus miembros (según reconoció la misma congregación, los miembros de la cúpula abusaron sexualmente de 19 menores y 10 mayores entre 1975 y 2002). Todo era para impedir que llegara a ser papa, responde desde Perú José Enrique Escardó, uno de los primeros denunciantes de Sodalicio y fundador de esta red de sobrevivientes. “Estas denuncias que aparecieron fueron inicialmente una sorpresa, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta de dónde venía esto”, explica José Enrique Escardó a RFI. “Lo que había sucedido es que él como perfecto del Dicasterio de los obispos, había sido el que tomó la decisión luego de las investigaciones hechas por [el arzobispo de Malta, Charles] Scicluna, y [el sacerdote español Jordi] Bertomeu, que vinieron a investigar al Sodalicio en Perú. Prevost tuvo que tomar la decisión de sacar o pedirle su renuncia anticipada a José Antonio Euguren, que era arzobispo de Piura y Tumbes. Y esa decisión, obviamente firmada por el papa, es la que significó el primer golpe fuerte al Sodalicio en el Perú: sacar a este arzobispo”, subraya. En una de sus últimas acciones, el papa Francisco disolvió al Sodalicio en enero de 2025. Un año antes, José Enroque Escardó llegaba a Roma para hablar con Francisco de los abusos de la comunidad. Allí fue recibido por el ahora León XIV. “Yo estuve con él en el Vaticano cuando fui en enero de 2024 a reunirme con el papa Francisco y, saliendo de la de la reunión con el papa Francisco, me fui a hablar con el cardenal Prevost, a quien ya conocía yo de varios años aquí en Perú. Él tenía toda la disposición de continuar con el trabajo, estaba totalmente de acuerdo con el trabajo que estaba haciendo en tema de abusos dentro de la Iglesia con el papa Francisco y también con los sobrevivientes”, sostiene Escardó. Prevost se puso en los zapatos de las víctimas, las mismas que piensan volver ahora con sus demandas ante el Vaticano. “Ahora, con la elección del papa León XIV me quedo con la tranquilidad de que podemos tener a una persona que puede continuar las reformas que había estado haciendo el papa Francisco y que además va a ser cercano a nuestro país, y específicamente cercano a la red de sobrevivientes Perú, de los sobrevivientes del Sodalicio. Eso me ha generado una emoción tremenda, pero obviamente lo que tenemos que esperar como siempre es ver cuáles van a ser las acciones que van a realizar más allá de las palabras, que es lo mismo que le dije al papa Francisco y espero que vayamos en el mismo camino para poder resolver estos temas que son tan urgentes”, dice con esperanza Escardó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha recibido en las últimas horas a varios presidentes latinoamericanos que estarán presentes en las celebraciones de este 9 de mayo, conmemoración de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. A la presencia de Nicolás Maduro de Venezuela y Díaz Canel de Cuba, se suma la de Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil, quien se reunirá con el presidente ruso este mismo viernes. La presencia de Lula ha generado fuertes críticas pues se interpreta como un espaldarazo a Putin en medio de la guerra en Ucrania. Lula se reunirá este viernes en Moscú con Putin y asistirá a un desfile militar en la Plaza Roja en memoria de los 80 años de la rendición de la Alemania nazi ante las fuerzas soviéticas. Cerca de una treintena de mandatarios han confirmado su presencia a la principal conmemoración histórica de Rusia, entre ellos los de Cuba y Venezuela, países cuyos regímenes están lejos de ser democráticos. De hecho, Lula es uno de los pocos líderes democráticos invitados, señaló un observador. La presencia del presidente brasileño en el evento más simbólico del calendario nacional ruso, en plena guerra en Ucrania y teniendo en cuenta las peligrosas ambiciones expansionistas de Moscú, interroga. Para el analista Leonardo Paz, del Centro de Prospectiva e Inteligencia Internacional de la Fundación Getulio Vargas. Sin embargo, las críticas están en realidad marcadas por el prisma ideológico de cada uno: “Si eres una persona de derecha, que sea de oposición del gobierno, no puedes creer que Lula va a ofrecer a Putin una plataforma política viajando a Moscú. Si eres aliado de Lula, vas a decir que es normal que vaya ya que Rusia es un país con buenas relaciones con Brasil como miembros de los BRICS y que una visita a Moscú no es necesariamente un apoyo a Rusia en su guerra con Ucrania”. Lo que el gobierno del presidente Lula ha buscado es el equilibrio, estima el analista Leonardo Paz. “El presidente Lula ha intentado hacer una política de equilibrio entre los países occidentales. Brasil fue hace poco a Japón, a Vietnam y no visitó China en ese momento, a penas la va visitar ahora. En el 2024 Brasil fue a la reunión del G7. Brasil también intenta aproximarse cada vez más del occidente, de los Estados Unidos y de los europeos. Hay un esfuerzo muy grande de Brasil para hacer parte del acuerdo Mercosur Unión Europea”, recuerda el analista Leonardo Paz.

El Gobierno colombiano anunció este martes la captura de más de dos centenares de miembros del Clan del Golfo desde mediados de abril, en respuesta a la ofensiva violenta de esa banda narcotraficante conocida como “plan pistola”. Para algunos analistas, este es un reflejo de la crisis de seguridad que atraviesa el país suramericano por, entre otras cosas, las fallas de los diálogos de paz. Desde el 15 de abril los ataques de los grupos ilegales y rebeldes se han cobrado la vida de al menos 18 policías y 17 militares, según el Gobierno. Esto es casi un asesinato de un miembro de la fuerza pública por día. Los crímenes son atribuidos principalmente al Clan del Golfo en el marco del denominado “plan pistola”. En respuesta a esta ofensiva, las autoridades han capturado a 217 miembros de ese grupo armado en las últimas tres semanas. Oscar Palma, especialista en seguridad y defensa y profesor en la Universidad del Rosario explica que “el clan del Golfo es una organización de sombrilla, como una especie de federación que incluye alianzas con organizaciones menores, con otra serie de grupos asociados a la estructura como tal y el plan pistola que el clan del Golfo está realizando actualmente se da justamente por la captura de uno de los miembros de su Estado Mayor, por así decirlo”. El Plan Pistola recuerda una célebre táctica que ya había utilizado el mismo Clan del Golfo en 2022, pero también, en los años 90, el narcotraficante Pablo Escobar. “Muchas veces, incluso estos asesinatos suceden cuando los miembros de las instituciones están por fuera de su actividad, es decir, no están en una operación específica de combate, pueden incluso estar de civil y sin embargo, son víctimas de este tipo de asesinatos. Es exactamente lo que estamos viendo hoy, particularmente en cabeza del clan del Golfo”, señala Palma. Para este especialista en seguridad y defensa en Bogotá, “el plan pistola” es una ilustración más de la degradación de la situación de orden público en Colombia. “Estamos viendo dinámicas que no veíamos desde hace muchos años, antes incluso del proceso de paz”. Para él, la crisis es consecuencia de procesos de paz que han fracasado, pero también de “unas fuerzas militares que han recibido la orden de no operar en contra de algunos grupos con los cuales supuestamente se tienen unas conversaciones de paz, pero que no han rendido frutos”. A esto, se le suma, según Palma, el aumento de la producción de cocaína en el País. “Es un momento muy gris en términos de seguridad, en términos de paz, en muchos de los territorios más remotos de Colombia. Y esta idea del plan pistola no es más, sino otro de los síntomas”, concluyó.

El periódico nicaragüense La Prensa ha ganado el Premio UNESCO-Guillermo Cano a la Libertad de Prensa 2025, galardón que reconoce cada año a medios y periodistas que llevan a cabo su tarea informativa en contextos de riesgo y ataques a su seguridad. Postulados por la Sociedad Interamericana de Prensa, los periodistas de La Prensa fueron forzados al exilio entre 2021 y 2022 y, desde allí, continúan reportando. El diario nicaragüense La Prensa tiene 99 años de vida y casi cuatro reportando desde el exilio. En 2022, tras cubrir la expulsión del país de las Misioneras de la Caridad, sus dirigentes y periodistas fueron perseguidos, algunos encarcelados y su redacción, cerrada. Tal es el caso de su director general y editor Juan Lorenzo Holmann, quien cuenta que pasó 555 días secuestrado. Holmann logro más tarde cruzar la frontera, al igual que otra decena de colegas, que encontraron refugio en países como Costa Rica, México, Estados Unidos, Alemania y Canadá. Hoy desde su redacción virtual en el exilio, informan a Nicaragua y al mundo sobre qué sucede en su país. “La parte más extenuante es mantener el vínculo con la sociedad dentro. En Nicaragua no existe el periodismo libre o independiente del todo. Entonces, la voz de los que están en Nicaragua somos los que estamos afuera”, explica Juan Lorenzo Holmann. “¿Cómo mantenemos ese vínculo? Teniendo a nuestras fuentes resguardadas y dándoles la seguridad de que su identidad va a ser protegida. Nosotros recibimos información dentro de Nicaragua, de informantes, de fuentes, pero esas informaciones que nos envían las tenemos que verificar. Es decir, nosotros no publicamos absolutamente nada que no haya sido verificado, porque muchas veces hay fuentes que quieren dar información que no es correcta para hacerlo quedar mal ante nuestra audiencia”, asegura. Holmann comenta que el 65% del tráfico en su sitio web viene de Nicaragua. Sin embargo, su audiencia es silenciosa: casi no reciben “Me gusta” ni respuestas de compatriotas porque cuenta que allí el consumo de medios independientes puede traer represalias. Hoy se financian con la venta de suscripciones. “El que sigue haciendo periodismo en Nicaragua, lo hace porque se ha convertido en un apostolado. Yo los llamo los apóstoles de la libertad de prensa, porque por el gobierno los ha sido perseguido, criminalizado a tal punto que la gente ha tenido que abandonar Nicaragua para poder resguardar su integridad. Nosotros pensamos que si la llamada de la libertad de prensa se apaga, quedamos todos a oscuras, y no sólo quedamos a oscuras, sino que entonces la narrativa impuesta por el régimen, por la dictadura, toma mayor fortaleza y es lo único que se vería hoy día. El tema de combatir la censura o luchar en contra de la censura no es sólo porque queremos decir, sino que también porque queremos desvirtuar la falsa verdad que quiere imponer el régimen”, sostiene Juan Lorenzo Holmann. Holmann cruza los dedos para que el reconocimiento de la UNESCO sacuda a la comunidad internacional y los ojos se posen sobre Nicaragua, país que, según Reporteros Sin Fronteras saca la peor nota en libertad de expresión de Latinoamérica.

Según un tratado de 1944 entre México y Estados Unidos sobre el suministro mutuo de agua, ambos países deben compartir las aguas de los ríos Bravo y Colorado. Trump ha asegurado que México le debía agua a su país. Para saldar esa deuda, México se comprometió a realizar entregas inmediatas de agua a su vecino. Para el profesor de hidrología Alfredo Granados Olivas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entrevistado por RFI, el hecho de que no se haya renegociado ese Tratado 'es un éxito de la negociación'. México adeuda el 70 % de los 2.156,6 millones de metros cúbicos que está obligado a entregar en ciclos de cinco años, argumentando largos períodos de sequía que afectan a la cuenca del río Bravo (conocido como "río Grande" en Estados Unidos). El actual ciclo vence el próximo 24 de octubre. Al respecto, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó: "En el caso de la entrega de agua, esto tiene que ver con su disponibilidad; si hay una cantidad de millones de metros cúbicos de agua que se puedan entregar. Pero, si no hay agua, ¿cómo la entregas?", se preguntó esta semana. México confirmó que realizará entregas inmediatas de agua a Estados Unidos para saldar su deuda o, en términos del comunicado de la Cancillería mexicana, "mitigar el potencial faltante". Todo esto bajo las reglas del tratado de 1944 y de acuerdo con un procedimiento que se mantendrá durante la próxima temporada de lluvias. El 'éxito' de la negociación Ambos países coincidieron en que "no se considera necesaria" la renegociación del tratado de 1944, según la Cancillería mexicana. Un punto que destaca Alfredo Granados Olivas, profesor de hidrología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. "Lo primero que debemos tener en cuenta, como un éxito de esta negociación, es que ambos países acuerdan que el Tratado de 1944 no está sujeto a revisión. Es decir, no hubo incumplimiento ni se requiere modificar ese acuerdo binacional. Al contrario, es un documento muy valioso que permite flexibilidad. En lugar de estar centrados en la volumetría, es posible enfocarse en la flexibilidad del tratado", explica Granados. El profesor subraya otro aspecto del acuerdo: la cantidad de agua que asignará el gobierno mexicano dependerá del próximo período de lluvias. "Según otro de los puntos del acuerdo, a partir de mayo y hasta el cumplimiento del ciclo 36, que será en octubre de 2025, México deberá entregar o asignar volúmenes de agua a Estados Unidos que pueden variar entre 400 y 500 millones de metros cúbicos, casi 520 millones, para poder cumplir con la entrega". La flexibilidad de este tratado permite el diálogo entre ambos países para distribuir el agua, incluida la que no se logró canalizar. "Quisiera resaltar un factor importante: el tratado, y por eso es valioso, permite hacer derivaciones futuras de volúmenes pendientes de un ciclo a otro. Es decir, si en un ciclo anterior de cinco años no se logró cumplir con las entregas de 2.200 millones de metros cúbicos de agua, o un valor cercano, esa volumetría pendiente se puede trasladar a otro ciclo. El tratado permite considerar el factor tiempo gracias a su flexibilidad y así alcanzar acuerdos, sin que se bloqueen las negociaciones", concluye Alfredo Granados Olivas.

Estados Unidos negó el debido proceso a más de 200 migrantes venezolanos y salvadoreños que deportó para ser encarcelados en El Salvador, afirmaron expertos independientes de la ONU. El ex relator de la ONU para la Justicia Transicional, Fabián Salvioli, alerta sobre las graves implicaciones legales y humanitarias de este tipo de deportaciones que, según dijo a RFI, 'están inspiradas en políticas populistas sin sentido y violan el derecho internacional'. Los 200 migrantes venezolanos fueron deportados luego de que, en marzo, el presidente Donald Trump invocara la "Ley de Enemigos Extranjeros" de 1798 (Alien Enemies Act), utilizada hasta entonces solo en tiempos de guerra. Desde marzo pasado, El Salvador ha acogido y encerrado en una megaprisión de alta seguridad a 288 migrantes expulsados de Estados Unidos, incluidos 252 venezolanos, en su mayoría acusados de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, declarada organización terrorista por Washington. Preguntamos a Fabián Salvioli, ex relator de Naciones Unidas para la Justicia Transicional, qué leyes estaría violando la Casa Blanca. No hay un análisis caso por caso "El derecho internacional claramente impide las deportaciones masivas, porque estas implican que no hay un análisis individual de cada situación. Por lo general, conllevan vulneraciones graves del debido proceso. En ciertas ocasiones, esto puede generar violaciones adicionales de derechos, por ejemplo, cuando las personas son enviadas a lugares en los que corren el riesgo de sufrir tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Esta es otra obligación sancionada debidamente por el derecho internacional de los derechos humanos", afirma. El gobierno de Donald Trump ha sido objeto de numerosas críticas y señalamientos de la comunidad internacional. ¿Por qué se decretan, entonces, medidas de este tipo? "Yo imagino que, sobre la base de una legítima aspiración e interés de las sociedades a gozar de una mayor seguridad, se montan discursos populistas que no tienen el más mínimo sentido ni raciocinio. Es un discurso que señala a los migrantes como el origen de todos los males", explica Salvioli. El ex relator de la ONU subraya una situación particularmente inquietante: “Muchas personas, en este tipo de deportaciones masivas, pueden no tener ningún vínculo con el crimen organizado ni con actividades ilícitas, pero terminan siendo enviadas a distintos países y encarceladas. Esto es, por supuesto, peligrosísimo”, concluye.

Donald Trump cumple 100 días en la presidencia, un inicio de mandato en el que la lucha contra la inmigración se ha convertido en su caballo de batalla. Para lograr expulsiones masivas, ha desplegado grandes medios militares y financieros así como redadas destinadas a reducir el número de migrantes indocumentados en suelo estadounidense. Reportaje desde Ciudad Juárez (México) de la enviada especial Natalia Olivares. A pocos metros de Texas (Estados Unidos), pero del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez (México), muchos migrantes se han quedado varados tras meses de travesía por varios países latinoamericanos. Algunos incluso tenían cita para obtener la protección de los asilados, el CBP One. Entre ellos, una familia que tuvo la mala suerte de ver cancelada su cita con las autoridades después de un periplo por siete países. La cita estaba prevista el mismo día en que asumió Donald Trump. "Nos vinimos por la selva el Darién. Desde Venezuela recorrimos todos los países de país en país, nos íbamos quedando y ya íbamos juntando dinero para seguir avanzando. Cuando llegamos a Tapachula fuimos a Migración, nos trajeron hasta acá porque nosotros teníamos la cita el 21 de de enero", explica esta mujer desde la Casa del Migrante que prefiere mantener el anonimato. Esta Casa del Migrante se encuentra a unos 20 minutos del punto fronterizo entre Ciudad Juárez y El Paso. Financiada por la comunidad católica de la región, esta organización recibía durante la administración anterior a unos 1.500 migrantes de Centroamérica por día. Hoy a penas hay 50 por día. Esta mujer, que ayuda en la cocina, lleva cuatro meses en la Casa del Migrante a la que llegó con su marido y sus dos hijas de ocho y dos años. "Tal y como está la situación, ya me voy a devolver (Trump) es muy racista, no quiere a los migrantes", se lamenta. Además tiene miedo de ser encarcelada si cruza la frontera. "Llevo tatuajes, pero yo nunca he bebido, nunca me he fumado un cigarro. Si voy a Estados Unidos y él me quiere meter presa, yo voy a ir presa solo por los tatuajes que tengo", afirma. En los albergues que se encuentran en Ciudad Juárez, los migrantes son protegidos y resguardados, no tienen la posibilidad de salir a la ciudad y desde aquí esperan ser reenviados a su país o intentar el cruce nuevamente. "Mi hijo emprendió el viaje del 2023 a finales de septiembre, era menor de edad, tenía 16 años. Le pasó un incidente en el camino, una persecución por parte del ejército y una balacera aquí en Chihuahua. Le fracturaron la tibia y peroné, le explotaron con un disparo", explica por su parte Isaías García, guatemalteco de 47 años, también hospedado en la Casa del Migrante. Gracias a la ayuda humanitaria, Isaías pudo viajar hasta aquí para reunirse con su hijo. Lleva un año y cuatro meses y ya quiere regresar a Guatemala pero su hijo insiste en continuar con el objetivo de entrar en Estados Unidos. "Mi hijo sigue con la idea de irse para los Estados Unidos y yo como padre quisiera que regresara conmigo para Guatemala", afirma. Son sólo dos de las miles de historias que se cruzan en esta Casa del Migrante, una antesala incierta para el regreso o el camino, cada vez más complicado, hacia el norte.

Nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vásquez, entrevistó a dos académicos en Estados Unidos que temen ser deportados, a pesar de residir legalmente en el país, debido a la agresiva política antiinmigrante de la administración Trump que podría desatar una inédita 'fuga de cerebros' en ese país. Durante décadas, Estados Unidos recibió a los mejores académicos del mundo, muchos de ellos huyendo de la censura y las dictaduras. Ese aporte internacional consolidó el liderazgo científico del país. Hoy, ese centro de conocimiento global está en riesgo por los ataques de la administración Trump. El 75 % de los científicos en Estados Unidos ha considerado dejar el país por la persecución académica que ejerce el gobierno de Trump contra docentes y estudiantes, según una encuesta de la revista Nature realizada a más de 1.600 académicos e investigadores. "Si queremos alcanzar lo que buscamos para nuestro país y sus ciudadanos, tenemos que, de manera honesta pero también agresiva, atacar las universidades. Los profesores son el enemigo", dijo el vicepresidente JD Vance en un evento de campaña cuando aún era senador. El gobierno de Trump está recortando miles de millones de dólares en fondos para las universidades, vigilando y censurando contenidos académicos, y deteniendo o deportando a profesores de forma arbitraria. 'Claro que me gustaría irme de Estados Unidos' Kwame Otu, profesor de la Universidad de Georgetown, habló con RFI sobre estas nuevas condiciones que impulsan la fuga de cerebros. "Claro que me gustaría irme del país, pero no sé a dónde. Tal vez a Ghana o a otro lugar, no sé. Pero sí, claro que he considerado la idea de irme de aquí", sostiene. El profesor Otu es ciudadano estadounidense, pero afirma que ni siquiera con ese estatus se siente seguro. "A pesar de tener un pasaporte estadounidense y ser ciudadano, tengo miedo de que amañen la ley para justificar una revocación de mi ciudadanía", dice. Para los profesores de origen extranjero que no tienen la ciudadanía, hablar de sus condiciones resulta aún más riesgoso. Una profesora en Washington, que pidió el anonimato, asegura que hoy hay temas que ya no se pueden abordar en las universidades. Es prudente no irse de vacaciones "Hay ataques puntuales a las conversaciones sobre diversidad y equidad. Hay palabras como discriminación, mujer o género que ni siquiera se pueden mencionar, o que no tienen cabida en solicitudes para fondos del gobierno federal o para programas específicos en las universidades. Creo que todo esto está afectando gravemente a la universidad como institución", afirma. Según ella, muchos colegas ya tienen un plan B, y si salen del país es probable que no regresen. "De hecho, las universidades nos han enviado correos oficiales sugiriendo que quienes tenemos visa H1B (visa temporal de trabajo) o Green Card (residencia permanente), no salgamos del país por miedo a que, al regresar, no nos permitan entrar", subraya. Canadá, Europa e incluso China se están beneficiando de esta fuga de cerebros. La universidad francesa Aix-Marseille ha creado un nuevo programa llamado 'Un espacio seguro para la ciencia'. Desde marzo, más de medio centenar de científicos estadounidenses han postulado.

Uno de los problemas más urgentes en América Latina y el Caribe es 'la lucha contra el crimen organizado', entre otras razones porque 'frena el crecimiento económico', señaló el Banco Mundial en un informe. Las tasas de homicidio en la región 'superan con creces las observadas en cualquier otra parte del mundo', agregó el organismo. Entrevista con David Barrios, investigador de la UNAM y doctor en Estudios Latinoamericanos. El Banco Mundial advierte que el crimen organizado está frenando la economía y que la región podría quedar atrapada "en un crecimiento anual mediocre". Se estima que la economía crecerá 2,1 % en 2025 y 2,4 % en 2026, lo que convierte a América Latina en la zona de menor crecimiento a nivel mundial, lo cual resulta paradójico, considerando su riqueza en recursos naturales. En el informe publicado este lunes, el Banco Mundial sostiene que el crimen organizado obstaculiza el desarrollo económico e impone, mediante la violencia, sus propias reglas comerciales. "Uno de los puntos significativos del informe del Banco Mundial es que reconoce el control territorial que tienen los grupos [del crimen organizado]. En términos cotidianos, esto implica una expoliación constante de la población a partir de rentas ilegales diversas, como las extorsiones, así como la instauración de una especie de 'impuestos' sobre determinados servicios y productos. Incluso llegan a ejercer un monopolio sobre esos servicios y productos', explica David Barrios, investigador de la UNAM, adscrito al área de Economía del Conocimiento y Desarrollo. América Latina es una región de 'baja productividad, pobre y con altos niveles de desigualdad', según el Banco Mundial. A esto se suma que el crimen organizado estaría presente en todos los rincones de la economía: desde los pequeños comercios en barrios y colonias hasta las industrias más sofisticadas. 'Por ejemplo, hay empresas [ilegales] que se dedican a actividades extractivas. También hemos observado en algunas regiones del continente que los grupos [de crimen organizado] reorientan las actividades productivas, por ejemplo, hacia el agronegocio. Entonces sí, el crimen organizado tiene una gran capacidad de incidencia en distintas escalas del territorio", señala Barrios. El crimen organizado se adapta rápidamente Las actividades económicas del crimen organizado se están adaptando al contexto internacional actual, marcado por la incertidumbre que generan figuras como Donald Trump y su guerra comercial. En ese marco, recurren —por ejemplo— a tecnologías de geolocalización avanzadas para mejorar su logística. "La economía criminal funciona como un espejo de la economía formal. Si el crimen organizado estima que habrá determinadas áreas afectadas por la imposición de aranceles, las identifican de inmediato y las incorporan a su portafolio de actividades", afirma Barrios. En el contexto mexicano, el investigador menciona varios ejemplos que ilustran esta capacidad de adaptación. "Un caso es la explotación ilegal de acero, que luego se exporta —también de manera ilegal— hacia ciertas regiones del continente asiático. También hay materias primas vinculadas al agronegocio y a los hidrocarburos fósiles. Incluso ocurre lo mismo con el agua potable, que se revende a las poblaciones más vulnerables", agrega Barrios. Según el investigador, el crimen organizado también estaría apropiándose de las últimas tecnologías de geolocalización para mejorar su logística. Por su parte, el Banco Mundial reconoce que no es fácil determinar qué está detrás del aumento del crimen organizado en la región. Sin embargo, identifica algunos factores: la reorganización de los grupos criminales tras las represiones gubernamentales, la mayor disponibilidad de armas, la diversificación de sus negocios y el uso intensivo de tecnologías de punta.

Al frente de la presidencia rotativa de los BRICS, cuya reunión de cancilleres se inició la víspera en Río de Janeiro, Brasil impulsa el multilateralismo como vía para resolver los conflictos en Ucrania y Gaza. Sin embargo, según la politóloga Miriam Gomes Saraiva, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, esta postura 'obviamente beneficiaría más a Rusia que a Ucrania''. El ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, inauguró la reunión de cancilleres de los BRICS en Río de Janeiro con un discurso en el que afirmó que el bloque "está en una posición única para promover la paz y la estabilidad a través del diálogo, el desarrollo y la cooperación multilateral". Brasil aboga por el multilateralismo como solución a los principales conflictos internacionales, incluidos los de Ucrania y Gaza. Pero ¿en qué consiste exactamente el multilateralismo que propone Brasil? "El multilateralismo supone que participan no solamente los países directamente implicados, sino también otros actores que podrían ejercer una función más equilibrada, más neutral", dice a RFI la politóloga Miriam Gomes Saraiva, experta en geopolítica de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Priorizar el fin de la guerra a costa de las pérdidas para Ucrania Sin embargo, en el contexto actual de guerra tras la invasión de Rusia a Ucrania y las ambiciones territoriales expansionistas de Moscú, ¿a quién podría beneficiar esta postura? "Para Rusia es mejor porque este grupo [de los BRICS] va a darle prioridad a terminar la guerra, aunque eso pueda acarrear problemas y pérdidas para Ucrania. En el fondo, esta posición obviamente da más beneficios a Rusia que a Ucrania", dice. Uno de los temas clave de la reunión fue también la respuesta del bloque a la nueva guerra arancelaria iniciada por Donald Trump, lo que dejó en evidencia las divergencias entre los once países que integran los BRICS, entre ellos Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Evitar la confrontación con Washington Mientras China aboga por una respuesta firme ante el aumento del 125 % en los aranceles a sus productos, otros miembros prefieren evitar una confrontación directa con Washington. "Para Rusia en este momento no sería ideal que el BRICS se fuera directamente en contra de Estados Unidos con mucha fuerza porque de una u otra manera la solución del problema en Ucrania está en las manos de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal suministrador de armas para Ucrania. Así que no sería el ideal [para Moscú]", concluye. El primer día de reuniones concluyó sin una declaración final sobre los temas en agenda, reflejando las tensiones internas del bloque, que también incluye a Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán, Indonesia y Arabia Saudita.

El presidente colombiano se prepara para someter a votación su reforma laboral, uno de los cambios principales que ha deseado hacer durante su mandato y que se vio rechazado por el legislativo, órgano al que Petro acusa de obstruir sus proyectos de ley. El presidente Gustavo Petro eligió el 1° de mayo, Día internacional de los trabajadores, para radicar ante el Congreso la consulta popular que busca reformar el sistema laboral. El mandatario colombiano decidió poner su proyecto de ley ante las urnas, luego de que este fuera rechazado por segunda vez en el Congreso, en marzo pasado. Ahora, además del Legislativo, el gobierno es objeto de críticas por parte de los empresarios que temen el impacto económico sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan más del 90% del empleo formal en el país. En entrevista con RFI la economista Diana Salcedo, subdirectora de empleo y seguridad social del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que los que se oponen son quienes sacan ventaja del sistema. “Si le preguntamos a los colombianos de a pie si están de acuerdo con que la jornada laboral dure máximo ocho horas, que el día termine a las 6 de la tarde, que se les pague con un recargo del 100% en un día festivo, o que los aprendices tenga un contrato laboral, por supuesto que van a decir que sí. Donde se ha generado la mayor oposición es en los sectores que tradicionalmente han estado interesados en retirar derechos a los trabajadores para abaratar los costos de producción y tener más ganancias”, aseveró Salcedo. La Federación Nacional de Comerciantes Fenalco advierte que este sector enfrentaría sobrecostos laborales de hasta 30% y califica dicha reforma de inconstitucional por, por ejemplo, no contar con un análisis fiscal. Pero el desafío del gobierno no es solamente en el Congreso o con los empresarios, sino también con la participación electoral que ha sido históricamente baja. “Colombia históricamente es un país que ha sufrido mucho por el tema del abstencionismo. Entonces nos corresponde invitar a la población a que tengan una participación alta en las consultas. El reto es enorme, pero no es la primera vez que Colombia enfrenta este tipo de desafíos” agregó la economista. Para que una consulta sea válida en Colombia se debe contar, como mínimo, con la tercera parte de los electores que componen el censo electoral, es decir, 13,6 millones de personas.

La Fiscalía General de Rusia informó este 24 de abril que el colombiano Miguel Ángel Montilla fue condenado a nueve años de prisión por supuestamente combatir como mercenario en las filas ucranianas, pero su familia dice que no ha sido informada de la decisión y denuncia irregularidades. “La única llamada que tuve fue cuando recién lo capturaron, le dejaron hacer una videollamada”: Lizeth Montoya, esposa del colombiano Miguel Ángel Montilla, lleva más de 10 meses sin hablar con su esposo, quien fue capturado por las fuerzas rusas y es acusado de servir al Ejército de Ucrania y participar en combates contra las fuerzas rusas en la ciudad de Krasnogórovka ocupada por Rusia, en el este ucraniano. Pero su esposa Montoya asegura que él no alcanzó a combatir y que viajó a Ucrania tras aplicar a una convocatoria de unos militares vía TikTok para servir como centinela con el Ejército ucraniano, pues en Colombia era vigilante de un centro comercial. “Fue una traición” “Él me decía que estaban necesitando voluntarios y que dependiendo de donde estuviera les iban a pagar, pero en ningún momento él había salido a batallar ni nada de eso. Él recién había llegado, o sea que ni siquiera tuvo una especialización, aunque dice en el contrato que lo tenían que especializar si lo iban a sacar a algún lugar”, cuenta Lizeth. “Primero llegó a un batallón del 204 y ahí estuvo un mes y no los sacaron a ningún lado. Estaban ahí en unas cabañitas y no les hicieron firmar contrato ni seguro de vida. Entonces varios compañeros se fueron para otro batallón que era el 59. Allá supuestamente también fue culpable un señor que pusieron de supervisor, que se llama Anderson, le decían comandante pero no era un comandante y ese fue uno de los que hizo ese papeleo a la ligera, y los sacó sin ningún ninguna planeación”, prosigue. “Cuando él me llamó el 29 de junio me dijo ‘me van a llevar a cuidar un edificio con unos compañeros’. Iban nueve, e imagínese si iban nueve, cómo se iban a enfrentar a la potencia mundial que es Rusia. Entonces sí los llevaron regalados. Eso fue una traición”, señala la mujer. “No se hacen responsables de nada” Montoya denuncia que no ha recibido ninguna notificación de la condena de su esposo y lamenta la falta de implicación del Gobierno colombiano y ucraniano, que estaría detrás del contrato con Montilla, que según su esposa aceptó para salvar la deuda de su casa. “Ya llevo un año esperando algo. Y nada. O sea, no se hacen responsables de nada. Me dicen que me han dado una indemnización por su desaparición, pero que yo tenía que ir a Ucrania a abrir una cuenta de banco para que me empiecen a pagar. ¿Y yo cómo rayos voy a ir por allá?”, denuncia. Como Montilla, son muchos los expolicías o exmilitares que, a través de campañas por redes sociales, aplican para ir a combatir a Ucrania con la promesa de una suma de dinero consecuente. Moscú ha denunciado que Kiev utiliza a mercenarios extranjeros como carne de cañón, algo que Rusia castiga con entre siete y 15 años de prisión. Pero según la prensa independiente, el Kremlin también utiliza a miles de extranjeros de países como Kirguistán, India o Cuba en su guerra.

Este 28 de abril son las elecciones federales en Canadá, unos comicios marcados por el patriotismo tras las amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump de querer anexionar este territorio. Amenazas que han impulsado al Partido Liberal del primer ministro Mark Carney, que busca reafirmar su estancia como líder de Gobierno. Hace unos meses, el Partido Liberal de Canadá se encontraba debilitado por la baja popularidad de su líder, el exprimer ministro Justin Trudeau, que lo llevó a renunciar y ser reemplazado por su copartidario Mark Carney en marzo pasado. “El partido de Canadá” En ese momento, el principal líder de la oposición, el conservador Pierre Poilievre, lideraba las encuestas, pero el presidente estadounidense Donald Trump cambió esa ecuación. Sus amenazas de querer anexionar Canadá a Estados Unidos despertaron un sentimiento de patriotismo, que se identifica con el Partido Liberal de Carney y Trudeau. “Las encuestas dan un vuelco muy significativo y ahora el candidato liberal está arriba, y todo el mundo apunta a que ha sido la retórica poco amistosa de Trump hacia Canadá lo que le ha dado al Partido Liberal un aire fresco”, explica Alejandro García, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Toronto. Además, señala, “el Partido Liberal ha sido o es percibido tanto dentro de Canadá como fuera, como el partido de Canadá, el partido que realmente lleva muchos años en el poder y le ha dado a Canadá ese cariz particular, como un país bilingüe con lazos europeos y distinto a Estados Unidos”. ¿Aumento de participación? Según García, Trump también ha hecho que otros temas, tradicionalmente centrales en unas elecciones, pasen a segundo plano. Incluso se podría esperar un aumento de participación electoral, pues ya el voto anticipado batió un récord de 25% adicional. “Mucha gente en Canadá lo está viendo como una oportunidad de enfatizar que éste es su país. Se podría incluso pensar en una especie de voto de protesta, es decir hay una entidad política que es Canadá, y yo pertenezco a eso”, prosigue García. “En una elección normal en Canadá, tendríamos que estar hablando de la economía, del empleo, de qué hacer con el separatismo en Quebec, cómo reforzar los lazos con Estados Unidos… Pero no tendríamos por qué estar hablando sobre los intentos anexionistas de Washington. No tendríamos que estar hablando del estado 51. La gente quiere ser parte de este país, y se refleja en su voto”, apunta. El Bloque Quebequés y la izquierda del Nuevo Partido Democrático también están en la contienda electoral, pero según las encuestas son los conservadores y el Partido Liberal quienes tienen posibilidades reales. Claro está que el conservador Poilievre ha sido señalado de simpatizar con políticas de Trump y podría pasarle factura. Recordemos que en Canadá los electores no eligen directamente al primer ministro, sino que escogen a los miembros de la Cámara de los Comunes y el líder del partido que obtiene la mayoría de escaños se convierte en primer ministro.

Fue postergado para comienzos de junio el juicio contra varios ex miembros de las fuerzas de seguridad salvadoreñas, acusados del asesinato de cuatro periodistas de los Países Bajos el 17 de marzo de 1982. Los reporteros murieron mientras filmaban un documental sobre la guerra civil (1980-1992), en lo que habría sido una emboscada. Óscar Pérez, de la fundación Comunicándonos, denuncia una 'medida dilatoria de uno de los imputados'. Han pasado más de 40 años, pero ni sus familiares, ni las ONG salvadoreñas, ni la embajada de Países Bajos en San Salvador han dejado de exigir justicia por la muerte de los cuatro periodistas en el norte del país. El juicio, previsto para comenzar este miércoles, fue postergado al 3 de junio. "No hay duda de que se trata de una medida dilatoria por parte de la abogada defensora del coronel Reyes Mena, quien se encuentra en Estados Unidos en proceso de extradición", afirma Óscar Pérez, representante de Comunicándonos, fundación que ha exigido justicia en este caso. "Su abogada aprovechó el receso de Semana Santa para sorprender a la jueza. Hoy, la jueza recibió la documentación. Lo cierto es que el coronel Reyes Mena, uno de los imputados, no iba a contar con defensor, por lo que no podía celebrarse la vista pública", precisa Pérez. Además de Reyes Mena, entre los imputados se encuentran el general José Guillermo García, exministro de Defensa, de 91 años, y el exdirector de la disuelta Policía de Hacienda, coronel Francisco Antonio Morán, de 93. Ambos permanecen bajo arresto en un hospital de la capital salvadoreña. Óscar Pérez comentó a RFI qué esperan de la justicia. "Esperamos que el jurado logre reconocer el conjunto de pruebas contra estos señores de la guerra. Que la jueza pronuncie una sentencia ejemplar, fundamental para garantizar que no se siga asesinando a periodistas, en ninguna parte, por resultar incómodos. También esperamos —y esto es importante— que este caso impulse otros. Por ejemplo, el de la masacre de El Mozote, donde fueron asesinadas más de mil personas, entre ellas 700 niños y niñas, muchos de ellos menores de cinco años", señala Pérez. El camino de la justicia ha sido largo desde la reapertura del caso en 2018, posible tras la sentencia de la Corte Suprema salvadoreña que declaró inconstitucional la ley de amnistía para los crímenes de la guerra civil. Ese conflicto enfrentó a las fuerzas gubernamentales con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, dejando un saldo de 75.000 muertos y 7.000 desaparecidos.

En Perú, estudiantes, docentes y padres de alumnos protestan en las calles para exigirle al Gobierno que tome medidas contra un fenómeno que va creciendo en el país: las extorsiones del crimen organizado, que también se ensaña con las escuelas. “Diariamente nos están ‘cuponeando’, nos están extorsionando, solamente por cinco soles nos matan”: es el dramático testimonio de una de las víctimas de las extorsiones que han salido a las calles a demandar seguridad. Se extorsiona al transporte público y hasta a colegios, bodegas y todo tipo de pequeños negocios, la mayoría emprendimientos informales en sectores populares. “Salimos a trabajar con miedo” Gremios de transporte público urbano paralizaron en Lima y se movilizaron por las calles de la capital en protesta contra las extorsiones. “Nosotros salimos a trabajar ya con miedo, tenemos familias”, indicó uno de los trasportistas. Desde septiembre pasado se han producido 25 atentados con disparos contra buses de transporte público y 16 choferes han sido asesinados. “Más del 50 por ciento de las empresas son extorsionadas, más del 20 por ciento de las empresas han cerrado. La autoridad no hace nada por resolver el problema. Por eso hemos tomado la decisión de convocar este paro”, explica Martín Valeriano, presidente de uno de los gremios de transportistas, a RFI. Por otra parte, más de 500 colegios privados han sido blanco de los extorsionadores, aunque el Gobierno admite solamente 79 casos. “Se han cerrado ya casi como 20 colegios privados porque no pueden soportar las grandes extorsiones. Tenemos en la actualidad como 30 colegios privados que están llevando virtualidad. Los están amenazando de vida o muerte a sus alumnos, a los padres de familia y a los docentes”, detalla Guido Quintanilla, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Privados. Más de 500 asesinatos en tres meses Ocho mil extorsiones han sido denunciadas en el primer trimestre del año, igual cifra que en todo 2022. Y se estima que solamente denuncia el 20 por ciento. En los primeros tres meses de 2025 hubo más de 500 asesinatos, seis por día, un incremento significativo. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, coautor del Observatorio del Crimen y la Violencia, analiza este problema para RFI: “La actividad extorsiva se ha ampliado muchísimo. Yo diría que es el principal problema de seguridad del país. Ante la falta de reacción de las autoridades se ha convertido en el delito favorito porque genera mucho efectivo. El volumen de la extorsión ha sobrepasado muchísimo la capacidad policial. El sicariato está creciendo porque la extorsión se sustenta en generar impacto y daño”. La respuesta del Gobierno, que ha fracasado, ha sido declarar el estado de emergencia y sacar a los militares a las calles: “Si yo uso el teléfono para extorsionar, uso el internet para extorsionar y uso el sector financiero para acopiar el dinero de la extorsión, de nada me sirve poner tanquetas en las calles”, señala Valdés. El incremento incontrolado de las extorsiones se ha convertido en un grave problema para un Gobierno muy debilitado y desacreditado. Un problema al que no le encuentra salida.

El papa Francisco no solo pasará a la historia como el primer pontífice de América Latina, sino como el precursor de varias iniciativas progresistas en la Iglesia Católica. Entre ellas, una mayor participación de las mujeres en cargos eclesiásticos. Son estas labores las que, sin duda, definen su legado. “Como me gustaría una iglesia pobre, y para los pobres”: esta no solo es la frase con la que el papa Francisco justificaba la elección de su nombre al asumir el cargo; también es la frase que definiría los 12 años del primer pontífice jesuita. “Un estilo mucho más humilde, sencillo, cercano” Un pontificado que no fue bien recibido al principio por los suyos, ya que uno de los principios fundamentales de la compañía es excluir cualquier pretensión de ocupar dignidades eclesiásticas. Pero ha sido este acercamiento a los más necesitados el que cambió por completo su percepción en América Latina. “Ese estilo tan cercano a la gente y tan pastoral y tan abierto, nos impresionó muy favorablemente. Y bueno, no hemos salido de esa impresión favorable. Hemos ido viendo a lo largo de los años que se ha emprendido un esfuerzo de reforma dentro de la Iglesia importante. Un estilo mucho más humilde, sencillo, cercano”, explica el sacerdote jesuita afincado en Nicaragua, José María Tojeira. Tras los días de luto, el cónclave, es decir, la junta de los cardenales de la Iglesia católica, mantendrá una reunión para elegir al nuevo papa. A pesar de que solo 21 de los 135 cardenales que tomarán parte en la votación provienen de América Latina, el 80 % fueron elegidos por el papa Francisco. ¿Hay posibilidad de que surja un sucesor con intención de continuar el legado de Bergoglio? “Sí, es probable, creo yo, que sea un papa interesado en los temas sociales, que le dé continuidad especialmente al tema del medioambiente, de la migración y de la pobreza en el mundo. Y que simultáneamente, tenga otro estilo, un poquito más solemne tal vez, que es la tendencia en el clero europeo, reforzar un poquito aspectos de solemnidad”, estima José María Tojeira. Estado de Derecho La educación en los seminarios y la lucha por el cuidado del medioambiente son algunas de las tareas pendientes que quedan en Latinoamérica, pero Tojeira hace hincapié en una más: “En nuestros países también hay una situación complicada a nivel de fallos democráticos, corrupción, etcétera”. Según él, sería bueno impulsar “una presencia activa de la Iglesia en América Latina a favor del Estado de Derecho, a favor de las redes de protección social, que muchas veces son muy débiles en nuestros países, al menos en algunos”. “Yo creo que el nombramiento de obispo sería importante que continuara el estilo de Francisco dentro de nuestra evolución como Iglesia”, concluye el sacerdote. El mandato del papa Francisco encontró una gran oposición interna entre los sectores más conservadores. Pero teniendo todo esto en cuenta, no cabe duda de que su pontificado fue todo un vendaval social y reformador en la Iglesia católica.

Donald Trump está por cumplir 100 días como presidente para su segundo mandato, y en este tiempo ha aprobado varias medidas cuyo impacto ya se aprecia, sobre todo en los países de Latinoamérica. El 20 de enero Donald Trump tomaba posesión como presidente de Estados Unidos y ya ese día, el de su investidura, empezó a aprobar decretos con un impacto en los países latinoamericanos, sobre todo el vecino México. Comercio Ahora se cumplen tres meses de su llegada a la Casa Blanca, y en este tiempo ha tasado con aranceles los productos extranjeros y ha comenzado las expulsiones de migrantes ilegales. Carla Martínez Machain, experta en geopolítica de la Universidad de Buffalo, explica cuál es la medida que ha tenido más impacto: “Desde que entró Trump a la Presidencia, hemos visto que ha afectado a Latinoamérica de varias maneras. Yo creo que lo que más ha afectado a más países han sido los aranceles. De momento hay varios países que tienen un arancel como del 10%”, señala. Si bien el caso de México es particular porque ambos países tienen “muchísimo comercio, importaciones, exportaciones” y que sus economías se verán afectadas, no es el único país de Latinoamérica en tener vínculos comerciales con Estados Unidos, subraya la experta. Inmigración México, Colombia o Venezuela son algunos de los países más afectados de momento por las medidas de Trump, sobre todo relativas a la inmigración y las deportaciones. Aunque en estos meses también se ha ganado aliados dentro del continente. “Varios de los jefes de Estado de Latinoamérica han estado negociando con él. Pero del que más se está hablando en Estados Unidos es [el salvadoreño Nayib] Bukele, que tiene este acuerdo con Trump en el que Trump está pagándole a El Salvador para que acepte a estos migrantes que están deportando”, indica Carla Martínez Machain. Pero con Milei también “tienen una buena relación”, considera, recordando el momento en que Elon Musk salió al escenario con una motosierra para decir “que iban a hacer lo mismo que hizo Milei en Argentina”. Temas no cerrados La justicia ha anulado algunos de sus decretos y los países intentan negociar los aranceles. México, por ejemplo, cuyo principal mercado de exportación es Estados Unidos. Según la experta, las políticas de Trump “han sido muy volubles. Un día va a imponer sus aranceles, al otro día no… Me imagino que este tema de los aranceles va a seguir, porque siempre dice que no es que los haya cancelado, que es una pausa”. Además, recalca Martínez Machain, “el tema de los migrantes también va a seguir en Estados Unidos. En la Suprema Corte se está viendo este tema. Hay cierto conflicto interno, pero siento que con los otros países van a tener que seguir negociando”. Todo hace presagiar que las negociaciones de cara a los próximos meses serán duras.

Este jueves se cumplieron dos siglos de la independencia de Haití, fecha en la que el rey de Francia Carlos X le impuso una deuda millonaria como compensación. Una deuda que este país, el más pobre de América Latina, ha lastrado hasta hoy en día. Fue hace 200 años, en 1825, cuando el rey Carlos X de Francia impuso a Haití un precio a cambio de reconocer su independencia, lograda años antes tras una revuelta de esclavos. La antigua colonia contrajo una deuda de 150 millones de francos y tuvo que afrontar así una deuda que aún hoy pesa. El presidente francés Emmmanuel Macron reconoció que esto fue injusto y anunció la creación de una comisión para analizar el impacto de esta deuda en el país. Eddy Lucien, profesor de historia y miembro del colectivo contra la deuda de 1825 dice en declaraciones al periodista de RFI Peterson Luxama que es una justicia histórica que hay que reparar. "Reclamamos la condonación de la deuda porque hemos sido tomados como rehenes, exigimos que se nos libere para evitar que otras generaciones en Haití o fuera, sigan siendo rehenes de una gran potencia. Es hora de poner fin sentando un precedente, pero ¿estará Francia preparada?”. Haití es el país más pobre de América Latina y es políticamente inestable. El país vive constantemente la violencia de las bandas de pandilleros, que toman el control de amplias zonas y son responsables de secuestros y asesinatos. Los desplazamientos como consecuencia de la violencia y la falta de acceso a ayuda humanitaria amenazan a la población y aumentan el riesgo de hambruna. Amy Pope, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), explica lo extrema que es la situación en la que vive el país. "La situación ha empeorado mucho, mucho en los últimos meses. hay un millón de personas que han sido desplazadas. Tuve la oportunidad de ver algunos de los sitios para las personas desplazadas en la capital. Y ver a miles de personas que están apiladas una encima de la otra en espacios muy, muy reducidos". Además, indicó que "la inseguridad alimentaria es muy alta, muchas personas han sido desplazadas varias veces a medida que la violencia de las pandillas se está moviendo por la ciudad y cada vez más personas son expulsadas porque no es seguro". La violencia se ha extendido en las últimas semanas y en medio de la crisis, casi 200.000 haitianos han sido desplazados. Pope señala que “el apoyo de seguridad multinacional para Haití aún no está al límite de su capacidad. Hay unos mil representantes de seguridad, pero la promesa original era de 2.500. Este es un país donde hay más de medio millón de armas, según las estimaciones, por lo que hay una pregunta real de si hay medios suficientes”. Según la ONU, durante el primer trimestre de este año al menos 1.518 personas murieron y 572 resultaron heridas en Haití.